La colaboración vinculará el trabajo de la institución con la formación, la investigación y el conocimiento universitario en materia agraria y ambiental.
El convenio establece las bases para impulsar la capacitación especializada y los proyectos de atención a problemas comunitarios, agrícolas y medioambientales.
En el marco de esta alianza, se anuncia la Maestría en Derecho Ambiental y Agrario, programa académico aprobado por la Universidad de Guadalajara, que iniciará en el ciclo escolar 2027 A, en Guadalajara, Jalisco, el 9 de noviembre de 2026.
La Procuraduría Agraria y la Universidad de Guadalajara (UdeG) suscribieron un convenio de colaboración para unir esfuerzos en educación continua, consultoría e investigación académica de alta especialidad en materia agraria y ambiental, así como en actividades de vinculación y retribución social.
El instrumento, suscrito por el procurador agrario, Ing. Víctor Suárez Carrera, y la rectora general de la UdeG, Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez, abre una vía de cooperación para acercar el conocimiento universitario a la atención de los problemas del territorio y fortalecer las capacidades de quienes participan en la defensa de los derechos agrarios.
En este contexto, se dio a conocer la Maestría en Derecho Ambiental y Agrario, programa académico aprobado por la Universidad de Guadalajara, que tendrá como sede el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y cuyo inicio está previsto para el ciclo escolar 2027 A. Esta nueva oferta de posgrado busca formar especialistas con una visión interdisciplinaria para el análisis y la atención de los desafíos jurídicos, agrarios y ambientales del país.
Para la Procuraduría Agraria, la vinculación con la UdeG representa una oportunidad para articular su labor de atención a los sujetos agrarios con la investigación, la formación especializada y el desarrollo de proyectos comunitarios.
Esta colaboración busca que el intercambio entre la institución y la universidad se traduzca en herramientas y conocimientos útiles para atender las necesidades de ejidos y comunidades.
La alianza se inscribe en los ejes institucionales de rescate, defensa y revalorización de la propiedad social. Desde esta perspectiva, la atención de los asuntos agrarios requiere reconocer que la tierra no es únicamente un bien económico: también es territorio, organización comunitaria y sustento para la conservación del agua, la biodiversidad y los saberes de los pueblos.
En ese sentido, la cooperación con la UdeG permitirá vincular el estudio del derecho agrario y ambiental con el análisis de problemas concretos de las comunidades. El convenio contempla el desarrollo de investigaciones conjuntas sobre problemas prioritarios del país, así como proyectos de vinculación orientados a la atención y solución de necesidades comunitarias, agrícolas y medioambientales.
Con esta colaboración, la Procuraduría Agraria fortalece su vinculación con la universidad pública y promueve una agenda de conocimiento y formación al servicio de la atención agraria. El propósito es sumar capacidades para que la investigación y la preparación especializada contribuyan a la defensa de los derechos y a la revalorización de la propiedad social de ejidos y comunidades.