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INTERPONEN DENUNCIA PENAL CONTRA MAGISTRADOS AARON ALBERTO PEREIRA LIZAMA Y JOSÉ ANTONIO BELDA RODRÍGUEZ Y CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERÍA.

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NTERPONEN DENUNCIA PENAL  CONTRA MAGISTRADOS AARON ALBERTO PEREIRA LIZAMA Y JOSÉ ANTONIO BELDA RODRÍGUEZ Y CLAUDIA BERENICE ANGUIANO RENTERÍA.  

  • Ejidatarios del ejido Pino Suárez Tulum denuncian estos magistrados y el CJF han hecho caso omiso para resolver el amparo directo 564/2021
  • Reiteran el dolo mostrado por el Consejo de la Judicatura Federal presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, por obstruir la justicia y no cumplir con su deber. 

 Los ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez Municipio de Tulum, Q. Roo, JOEL TOVAR ARCOS, LEA TUN CAHUICH, JUAN TUN MIS y GERMÁN MONDRAGÓN CORREA, señalan que el 1 de julio del 2024 interpusieron una DENUNCIA PENAL ante la Fiscalía General de la República en contra de los magistrados Aarón Alberto Pereira Lizama, José Antonio Belda Rodríguez y Claudia Berenice Anguiano Rentería integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, por estar cometiendo los delitos previstos en el artículo 215 fracción IV y 225 fracción VI del Código Penal Federal, ello es así ya que han transcurrido dos años y medio de que el Amparo Directo 564/2021 fue admitido a trámite sin que hasta la fecha se haya emitido la respectiva resolución, argumentando para ello pretextos poco creíbles y que a estas alturas ya se han hecho insostenibles, además del dolo mostrado por el Consejo de la Judicatura Federal presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al haber cambiado “EXTRAÑAMENTE” de adscripción al magistrado ponente Alfonso Gabriel García Lanz cuando estaba a punto de emitir resolución, así como al “raro hecho” de convertir al Juez de Distrito Aarón Alberto Pereira Lizama en magistrado para ocupar su lugar.  

 La Denuncia Penal también se interpuso ante el hecho de haber encontrado oídos sordos y cómplices en el Consejo de la Judicatura Federal, (que más bien parece que de ahí viene la orden de no resolver) ante quien se interpuso la Queja Administrativa 1157/2023-VII porque el entones magistrado ponente Alfo Gabriel García Lanz había excedido en mucho el término legal de 90 días hábiles previsto en el artículo 183 de la Ley de Amparo, para presentar el proyecto de resolución del Amparo Directo 564/2021 Queja que fue desechada el día 11 de julio del 2023, pese a que la infracción estaba acreditada, posteriormente al ya haber transcurrido 5 meses más sin que se resolviera el Amparo, volvimos a acudir ante el Consejo de la Judicatura Federal a interponer una nueva Queja Administrativa en contra del magistrado Alfonso Gabriel García Lanz, por seguir sin presentar el proyecto de resolución del Amparo Directo 564/2021, Queja a la cual se le dio el número de expediente 3886/2023-XI, la cual fue igualmente desechada de manera ilegal el día 17 de enero de 2024 por el Consejo de la Judicatura Federal, pero en el informe que rindió en esta Queja el magistrado Alfonso Gabriel García Lanz señaló que ya se estaba trabajando en el proyecto de resolución, y que a la brevedad se listaría y resolvería el mismo, pero cual sería la sorpresa que cuando ya estaba a punto de resolver el Amparo Directo 564/2021 la ministra Norma Lucía Piña Hernández cambia de adscripción al magistrado Alfonso Gabriel García Lanz y asciende al Juez de Distrito Aarón Alberto Pereira Lizama a magistrado para que ocupe su lugar, y empiece a contar nuevamente el término legal de 90 días hábiles para presentar el proyecto de resolución. 

 Reiteran los ejidatarios que “A ESO SE LE LLAMA OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA Y ESTÁ TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMUESTRA EL INTERES INSANO QUE TIENE EN EL ASUNTO LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, aunado a lo anterior el Juez de Distrito ascendido a magistrado ya quedó en deuda con la ministra Norma Lucía Piña Hernández por haberlo ascendido en el organigrama del Poder Judicial de la Federación y se encuentra comprometido a atender los intereses de su jefa”. 

 Al recientemente nombrado magistrado Aarón Alberto Pereira Lizama, ya le venció el término de 90 días hábiles para presentar el proyecto de resolución del Amparo Directo 564/2021 de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Amparo, ya que su actual encargo comenzó el día 01 de febrero de 2024, por lo que cometió el supuesto delictivo previsto en el artículo 215 del Código Penal Federal el cual señala lo siguiente:  

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: 

IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley; 

 Igualmente, los magistrados denunciados ante la Fiscalía General de la República que constituyen un Órgano Colegiado están cometiendo el delito previsto en el artículo 225 fracción VI que establece lo siguiente: 

 Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes: 

VI.- Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley; 

Enfatizaron los ejidatarios que “POR OTRA PARTE, DE NINGUNA MANERA VAMOS A ACEPTAR QUE LOS MAGISTRADOS DENUNCIADOS SE LAVEN LAS MANOS Y EMITAN UNA RESOLUCIÓN QUE REPONGA EL PROCEDIMIENTO Y SE SIGA MANTENIENDO EL CONFLICTO QUE INICIÓ EN EL AÑO DE 1975, EL CUAL SOLO BENEFICIA A QUIENES PRETENDEN ROBARLE SUS TIERRAS AL NÚCLEO AGRARIO, EXIGIMOS UNA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL CONFLICTO, YA QUE SE ENCUENTRAN TODOS LOS ELEMENTOS PARA QUE SE RESUELVA EL CONFLICTO DE FONDO, TODA VEZ QUE LO QUE TIENEN QUE DETERMINAR LOS MAGISTRADOS ES SI ES LEGAL QUE EN EL AÑO DE 1975, ANTONIO GONZÁLEZ AVILÉS, FINANCIERA PENINSULAR S.A. Y EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 33 DE MÉRIDA YUCATÁN HERNÁN CETINA ALBERTOS HAYAN CAMBIADO EL PREDIO PUNTA PIEDRA DE MANERA DOCUMENTAL, (físicamente es imposible) DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO AL MUNICIPIO DE COZUMEL PARA SITUARLO, YA DIVIDIDO EN 10 FRACCIONES SOBRE LA TIERRA PROPIEDAD DEL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ COLINDANTE A LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MAR CARIBE, DE DONDE DERIVAN LAS ILEGALES ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS CUALES INTENTAN ROBARLE SUS TIERRAS AL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ. 

 SEÑALAN QUE TAMPOCO SE DEBE DE OLVIDAR QUE EL ACTUAL JUICIO DESDE SU INICIO EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 44, CON SEDE EN CHETUMAL QUINTANA ROO, LLEVA TRAMITÁNDOSE 8 AÑOS”. 

Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como un derecho humano para el gobernado y como una obligación para los tribunales que se emitan sus resoluciones DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, ASÍ COMO QUE DEBERÁN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, tal y como se pasa a demostrar con la transcripción de dicho artículo: 

 Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, LAS AUTORIDADES DEBERÁN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES.  

(Énfasis añadido)  

Los magistrados denunciados a la hora de dictar sentencia NO DEBEN OMITIR DE NINGUNA MANERA lo dispuesto en el artículo 27 fracción VIII, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala lo siguiente: VIII.- Se declaran nulas: b).- Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población, c).- Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 

 

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